Con este título escribí un articulo el 12 de julio de 2012, con ocasión de la sentencia dictada por la tercera una parte de ese Tribunal un par de días antes. Ayer, fué totalmente afirmado por la Salón Primordial. Ahora he manifestado mi conformidad con esa sentencia en su instante (no confundamos derecho con ética o política, por favor) y la escasa posibilidad de que prospere el recurso. Por esa razón, animo a cualquier persona interesada en su razonamiento técnico a leer esa primera publicación. Tampoco me semeja oportuno charlar en este momento del alcance operativo de la sentencia ni de la viable «ingeniería jurídica» -en expresiones del Ministro- para mitigar sus efectos. En este blog suponemos enserio en el Estado de Derecho y reclamamos la clandestinidad para eludir mucho más que los efectos de esta regla. Lo que mucho más nos debería atraer ahora mismo, no obstante, es la interpretación política de la situación, por este escándalo -y indudablemente dado que los terroristas estén saliendo a la calle a un año forzado por asesinato- no la historia. culpa de la CECD, más allá de que nos la deseen enseñar como tal. En verdad, esta vergonzosa situación no es mucho más que una añadidura mucho más a una muy larga cadena (Faisán, Sortu, Bárcenas…) que siempre y en todo momento ha caracterizado y caracterizado la vida política de España, y siempre y en todo momento corresponde al mismo principio: la escapada de la compromiso política. . Y les preguntaréis: ¿qué debe ver esta oración con la situacion de Faisáin, la situacion de los Bárcenas, la situacion de Sortu, y tantas otra gente con las que nos cruzamos todos los días en los jornales? Bastante, y el propósito de esta publicación es argumentar. En la primera serie de la serie escribió lo siguiente: “Si bien este régimen carcelario, que en este momento se considera tan rápido y provocador, fue mantenido y rechazado por los gobiernos del University College, Dublín y el Gobierno por el hecho de que sobre fortalecía los castigos a los terroristas. El PSOE se vio envuelto en una guerra sucia contra ETA y aplicó la pena capital sin reforma legal ni juicio previo. Y me resulta interesante llamar la atención pues esa actitud, el día de hoy en forma menos grave, es exactamente lo que oculta esta situación: la compromiso política de accionar es recomendable para eludir las reglas del Estado de derecho. con la capacidad de solucionar el tema de otro de una forma menos conciliatoria. El inconveniente es que si bien todo lo mencionado se quedo en el hogar, donde se corrompen las reglas, no paso prácticamente nada, en el momento en que sales y te sometes al juicio de alguien que verdaderamente les cree, te dan los pelos En verdad, en el momento en que tras largas horas de duro trabajo esos terroristas habían sido liberados por varios días y estaban a puntito de salir a la calle sin siquiera pasar veinte años en la prisión, pese a toda la sangre por verter, las alarmas públicamente. opinión. De este modo, primero el TS (STS 28-2-2006), mudando su doctrina previo, y después el TC (STC 69/2012, por ejemplo) mucho más preocupado por la política que por el Derecho, como tiende a ser frecuente aquí lamentablemente, tenía que ver con eludir . ese escándalo del que la clase política de españa era la única responsable, y también logró una preceptiva interpretación del reglamento para evitarlo”. La similitud es clara, pues en todos estas situaciones que comentábamos el modus operandi es siempre y en todo momento exactamente el mismo: accionar ajeno de las reglas a fin de que no se pague el coste político y, en el momento en que revienta el escándalo, como tiende a ser ineludible, ver por el otro. lado. en la manera de confiar en que alguna otra institución del Estado, en especial el poder judicial, acepte la compromiso de adecentar el caos apropiadamente. La situacion Faisin puso de manifiesto que el Gobierno del PSOE se encontraba empeñado en negociar con ETA a espaldas de la opinión pública para no abonar el coste político. Pero como actuaban en terminado misterio, hubo que romper las reglas organizando un chivatazo para eludir detenciones que tengan la posibilidad de dañar esas negociaciones. Todo ello con la seguridad de que, en el peor caso, ahora van a ser los tribunales los responsables de cerrar el círculo imponiendo leves sanciones a los amos policiales (suponiendo que ciertamente hubo una negociación) como sucedió. La situacion de Bárcenas probó que el Gobierno del PP quiere subir el sueldo de sus políticos y acrecentar la financiación de su partido, pero como no desea admitir abiertamente el coste político de subirlo, actúa con discreción, rompiendo las reglas. forma de pago B y financiación ilegal. La iniciativa, evidentemente, es que los tribunales no logren evaluar nada, con lo que siempre y en todo momento asiste para eliminar las pruebas con impunidad. Realizar política de otro modo, y de este modo eludir el valor político pertinente, está en el centro de la sentencia del TC en la situacion Sortu, como mencionamos en su instante. Todas y cada una estas ocasiones tienen siempre y en todo momento exactamente el mismo denominador común: la total negativa a admitir la compromiso política. Esto es, si un político no es culpado penalmente, no posee compromiso alguna. Da igual que todo el planeta sepa que la compromiso fue sostener esa legislación criminal mientras que se organizaba una guerra sucia, o negociar en misterio mientras que se comunicaba a los terroristas de sus detenciones, o bajar los salarios de los usados públicos y están pagando en B ,. fuera de los políticos de turno. Da igual, aun si la realidad de estos datos se suprime precisamente de las frases, ¡como es visible en la situacion de Pheasant! El tribunal afirma que critica a la rápida pues la policía no deseaba dañar las negociaciones que llevaban a cabo sus líderes, ¡pero los políticos a cargo no se brindaron por mencionados! Al fin y al cabo, si en España un juez no condena en estable al político pertinente, no pasa nada. De ahí que es tan esencial que nuestro partido ejercite el control político sobre aquellas instituciones teóricamente independientes, y por consiguiente la colonización que a todas y cada una ellas hace: primeramente, para evitar que se deje el acto ajeno de las reglas; seguidamente, lo que no deseaba que se tratase pública y transparentemente de manera torcida. 2 manifestaciones de nuestra fuga de la compromiso -la primera jurídica y la segunda política- pero íntimamente enlazadas entre sí y con un efecto destructivo: sin control a posteriori, la compromiso a priori degenera y tiende a ocultar; siempre y en todo momento en menoscabo de los sufridos ciudadanos, evidentemente, por el hecho de que a consecuencia de todo ello no hay atractivo para accionar según las reglas del Estado de derecho. De ahí que, el daño está ahí de todas formas, pero se aprecia singularmente en el momento en que fallan las maneras de eludir la compromiso (por servirnos de un ejemplo, pues no se administran estas instituciones socorrieres por el hecho de que están fuera de alcance) y que el resultado práctico final es garrafal, como sucedió en este momento con la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la doctrina «Parot» y la liberación de muchos delincuentes como resultado. Ayer el PSOE declaró en un aviso oficial que «se abochorna de las probables secuelas de la app de la sentencia»; “Nos adherimos a esta sentencia como lo hicimos con la interpretación que logró la Corte Suprema y la Corte Constitucional”, ha dicho Oscar López, su partido “no puede valer lo mismo matar a un individuo que matar a 24”. El PP se remite a las Cortes en el momento de realizar la sentencia, y ten en cuenta que siempre y en todo momento fué partidario de la doctrina «Parot». Bien, entonces, ¿quién es el encargado de este lío? Ah, se me olvidaba: el CECD.
